La Norma de Carga Pública Está de Regreso … Por Ahora

Por J.J. Despain, Abogado de Wilner & O´Reilly

En agosto de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una nueva regla para detectar posibles “cargas públicas” entre los que solicitan la residencia permanente. La Ley define como “carga pública“, a alguien que depende o pudiera llegar a depender del Gobierno como “principal fuente de subsistencia”. Quienes caen en esa categoría han sido objeto de inadmisibilidad durante décadas, y ha sido, desde entonces, uno de los muchos aspectos que se revisan en una solicitud ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, mejor conocida como “USCIS” por sus siglas en inglés. Pero el anuncio de Seguridad Nacional el año pasado mostró un nuevo nivel de cumplimiento, uno que requerirá más formularios y documentos de los solicitantes y más preguntas de los oficiales de USCIS sobre la situación financiera de un solicitante.

La nueva norma ha sido presentada ante muchas cortes federales, en las que los jueces emitieron medidas cautelares preliminares que impidieron que la regla entrara en vigencia hasta que estos tribunales tomaran decisiones finales. Sin embargo, el 27 de enero, la Corte Suprema de la Nación suspendió casi todos estos mandatos, lo que significa que la regla puede avanzar, al menos temporalmente. La regla entró en efecto el 24 de febrero del año en curso.

¿Qué significa esto?
Para cualquier persona que ya tenga su residencia legal, nada cambiará. Y para muchos solicitantes nuevos, incluso con estos requisitos adicionales, su probabilidad de aprobación no disminuirá en absoluto. Sin embargo, para otros, obtener una aprobación será más difícil de lo que solía ser. Pero para todos los nuevos solicitantes, significará más papeleo y posiblemente tiempos de procesamiento más largos.

La herramienta principal de USCIS para determinar las cargas públicas será un nuevo formulario: Formulario I-944, Declaración de autosuficiencia. Este formulario de 19 páginas le pedirá información como ingresos del hogar, puntaje de crédito, historial de empleo y educación, si tiene seguro médico y si ha solicitado beneficios públicos en el pasado. Todos estos factores ahora se unen en una prueba de “totalidad de circunstancias”, lo que significa que USCIS evalúa cada factor, ya sea positivo o negativo, a medida que tome una decisión. (Este Formulario I-944 es adicional al Formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo, que ya era requerida por un solicitante y otros copatrocinadores).

Con respecto a los beneficios públicos, recibir beneficios públicos durante más de 12 meses de los últimos 36 meses son un factor negativo para un solicitante. La lista de beneficios que USCIS verifica incluye Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario (“SSI”), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (“TANF”), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (“SNAP” o “cupones de alimentos”), Sección 8 vivienda y otros. Cada beneficio por mes cuenta por separado. Por ejemplo, si un solicitante ha recibido Medicaid y TANF durante seis meses, eso contará como 12 meses. Pero los beneficios recibidos por los familiares del solicitante no cuentan. Y los beneficios recibidos antes del 24 de febrero de 2020 no cuentan. También hay excepciones para solicitantes menores de edad, embarazadas, víctimas de violencia doméstica u otros.

Estos cambios, incluso si no son perjudiciales para una aplicación, sí es algo que hace el trámite más complicado. En Wilner & O’Reilly, podemos guiarlo a través de estos cambios a medida que preparamos sus formularios de solicitud, asegurándonos que sus procesos avancen de manera expedita y evitándole preocupaciones. Ofrecemos consultas gratuitas en todas nuestras oficinas; en Orange, Riverside, Pasadena, Fresno, Sacramento y San Bruno, California; Salt Lake City y Orem, Utah; y Boise, Idaho.